La última dictadura militar en Argentina, iniciada el 24 de marzo de 1976, fue un período oscuro de terrorismo de Estado. Bajo el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron un régimen de persecución. Se buscó eliminar la disidencia política a través de la violencia sistemática.

Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas, dejando una herida imborrable en la sociedad. Los derechos humanos fueron violados de forma masiva y sistemática, generando un trauma colectivo. Este triste episodio culminó el 10 de diciembre de 1983, con el retorno a la democracia.

La dictadura militar de 1976 no fue un hecho aislado, sino la consecuencia final de una época de creciente inestabilidad política y descontento social en Argentina. Previo al golpe, el país experimentaba una profunda crisis económica, una marcada polarización ideológica y el recrudecimiento de la violencia política, tanto de grupos guerrilleros, como los montoneros, como de organizaciones parapoliciales, tales como la triple A. Este arduo clima de violencia y desorden fue capitalizado por las Fuerzas Armadas para justificar su intervención y presentarse como la única fuerza capaz de calmar las aguas en la sociedad y reestablecer el orden.

Fue cívico porque:

La calificación de "cívico" se debe a que el golpe contó con un amplio respaldo y participación de importantes actores de la sociedad civil. Esto incluyó a grandes grupos económicos y financieros que veían en el gobierno de facto una oportunidad para implementar un modelo económico neoliberal que favorecía sus intereses, desmantelando la industria nacional y el poder sindical. También sectores de la Iglesia Católica brindaron apoyo ideológico y, en algunos casos, complicidad con la represión. Parte de la dirigencia política y mediática también contribuyó a generar un clima de inestabilidad y "caos" que legitimaba la intervención militar, y muchos profesionales, funcionarios y empresarios ocuparon puestos clave durante la dictadura, colaborando activamente en la administración del Estado y en la implementación de sus políticas.

Fue militar porque:

El aspecto "militar" del golpe es evidente en el hecho de que fue orquestado y ejecutado simultáneamente por las cúpulas de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea), quienes derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. Establecieron una Junta Militar que asumió el poder, derogó la Constitución, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y puso en marcha un plan sistemático de terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor de la represión ilegal, implementando secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, y gestionando los centros clandestinos de detención. Su estructura jerárquica y disciplinaria fue fundamental para llevar a cabo la "reorganización nacional" que se proponían.

Los militares al tomar el poder tenían un objetivo claro: Eliminar a las organizaciones terroristas de izquierda que se encontraban en conflicto con las fuerzas militares hace ya varios años, siendo estas tildadas de sublevaciones, redirigir el rumbo político y social a una ideología derechista, y cambiar el rumbo de nuestro país

Para esto, secuestraron a sus "enemigos",(muchos de ellos niños y mujeres embarazadas), y se los llevaron a centros de tortura y detención clandestinos, donde muchos ellos eran asesinados, y nunca se volvió a saber de ellos, y las heridas abiertas por los miles de desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional siguen siendo un triste recordatorio de la represión y la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país.

Los Centros Clandestinos de Detención (CCD) fueron el corazón de la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Estos espacios, mantenidos en absoluto secreto y operando fuera de cualquier marco legal, fueron diseñados específicamente para el secuestro, la tortura y el exterminio sistemático de miles de personas consideradas "subversivas" por el régimen. Desde militantes políticos y sindicales hasta estudiantes y profesionales, cualquiera podía ser un blanco, desapareciendo sin dejar rastro y sin acceso a la justicia o a sus familias, lo que generaba un terror generalizado en toda la sociedad.

Estos lugares no eran prisiones, sino verdaderos centros de aniquilación donde se aplicaban métodos de tortura brutales para obtener información o simplemente para infligir sufrimiento extremo. Funcionaron en una variedad de ubicaciones, desde cuarteles militares y comisarías hasta edificios públicos y propiedades privadas, siempre con el objetivo de garantizar la impunidad de los perpetradores y borrar cualquier evidencia de los crímenes cometidos. La reconstrucción de lo sucedido en los CCD ha sido posible gracias al valiente testimonio de los sobrevivientes, quienes, a pesar del trauma, han permitido que estos sitios se conviertan hoy en lugares de memoria y reflexión sobre las atrocidades del pasado y la importancia de defender los derechos humanos.

El Plan Cóndor fue una operación de inteligencia y coordinación represiva establecida en la década de 1970 por las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay— con el apoyo crucial de Estados Unidos. Su principal objetivo era, con el contexto de la guerra fría, acabar con las guerrillas comunistas surgidas a lo largo y ancho del continente, y establecer gobiernos de derecha por sobre el cono sur. Para esto, se instauraron gobiernos militares que utilizaron tácticas de guerra y tortura.

Las consecuencias fueron devastadoras, con un saldo de decenas de miles de víctimas entre asesinados, desaparecidos y prisioneros políticos, y generando un profundo trauma social que aún perdura en la región. A pesar del secretismo inicial, la labor de organizaciones de derechos humanos, la desclasificación de archivos como los "Archivos del Terror" en Paraguay y la persistencia de familiares de las víctimas, han permitido exponer la magnitud de esta operación. Hoy, el legado del Plan Cóndor sigue impulsando procesos judiciales en varios países, buscando justicia, verdad y memoria para las atrocidades cometidas, y sirviendo como un doloroso recordatorio de los peligros del autoritarismo y la necesidad de proteger los derechos humanos.